La propuesta de bajar la edad de imputabilidad se plantea como solución ante los problemas de inseguridad. La reforma constitucional que propone bajar la imputabilidad a 16 años se someterá a plebiscito junto con las elecciones de octubre y, en principio, los sondeos de opinión indican que la propuesta tiene una alta aceptación.

Estadísticamente el apoyo a la baja de la edad de imputabilidad en nuestra población es, lamentablemente, alto. Una encuesta de la consultora Equipos Mori indicó que el 57% de la población está a favor de bajar la edad de imputabilidad, el 36% en contra y el 7% no sabe o no contesta. Cifra, por su parte, reveló que el apoyo a la baja es también del 57%, pero el 33% se manifiesta en contra y el 10% no se pronuncia.

A nivel político, la medida es promovida por el Partido Colorado y el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou (Todos Hacia Adelante). El Frente Amplio en bloque se opone a la baja de la edad de imputabilidad, al igual que Jorge Larrañaga, (Futuro Nacional – precandidato perdedor de las internas nacionales) y el Partido Independiente.

El Partido Colorado, que como ya dijimos apoya la medida, en su programa dice:

VAMOS POR UN URUGUAY LIBRE Y SEGURO:

Un Uruguay libre y seguro será aquel que conciba a la seguridad como garante de la libertad. Es la libertad la columna vertebral de una sociedad más justa e integrada, debiendo estar unida al ejercicio pleno de la ciudadanía en un marco de respeto por los DDHH de todos los uruguayos y con entidades públicas que actúen con absoluta transparencia.

El derecho a vivir en paz, sin violencias y sin autoritarismos, constituye un derecho fundamental que se debe preservar partiendo de que la seguridad pública es un patrimonio nacional que permite el ejercicio efectivo de dicha libertad en su más amplio sentido.

Pedro Bordaberry http://www.pedropresidente.com.uy 

Dentro de los blancos Luis Lacalle Pou dijo que su sector analizó de forma integral y concluyó que bajar la edad de imputabilidad es el camino más viable respecto a los menores infractores. Su sector entiende que bajar la edad de imputabilidad “es el camino” contra la inseguridad. Como contrapartida, en su momento criticó a su rival en las internas, Jorge Larrañaga, quien consideraba que para combatir la inseguridad debía crearse una policía militarizada.

Varias propuestas para combatir un mismo problema dentro de los blancos, que quizás se complementen.

Sin embargo fuera del Partido Nacional y Colorado, esta propuesta divide a la sociedad. Por ejemplo a la Suprema Corte de Justicia. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, que será objeto de un plebiscito junto con las elecciones nacionales, divide a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Jorge Larrieux estableció que los magistrados están “divididos” en su visión sobre el tema. Larrieux prefirió no dar a conocer su postura sobre el tema.

Jorge Chediak ha expresado en reiteradas oportunidades que está a favor de bajar la edad de imputabilidad penal. Si bien piensa que no soluciona el problema, es un paso hacia la solución, dado que los delitos y su modalidad han cambiado radicalmente. En tanto que el ministro Julio César Chalar expresó que la normativa debe adecuarse a una nueva realidad, sin establecer si está a favor o en contra de forma explícita.

Como contrapartida, Jorge Ruibal Pino se opone a la baja de la edad de imputabilidad penal. Establece que hay problemas en la institucionalización de dos franjas, los de 13 a 18 años y los mayores, que en sus lugares de reclusión sufren de malos tratos, hacinamiento, etc. Hay que recordarle a la población en general que por más que sean reclusos, son personas. Ruibal Pino considera que al bajar la edad de imputabilidad se creará una franja intermedia que no tiene donde ser ubicada.

Ricardo Pérez Manrique también ha dado a conocer públicamente su visión contraria a la propuesta que tiene el respaldo del Partido Colorado y de los sectores nacionalistas que acompañan a Luis Lacalle Pou. Él considera que es una medida que no resultó en ningún país del mundo. En cambio propone políticas preventivas y de reeducación, de las que hoy estamos lejos.

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Otro sector de la población en contra es la Facultad de Derecho. Su Consejo se pronunció en contra. El consejero por el orden de los egresados, que representa al Frente Zelmar Michelini (Frezelmi, vinculado al Frente Amplio, y que tiene mayoría en el orden estudiantil), Martín Esposto, dijo que la posición de la mayoría del Consejo de la Facultad de Derecho es que bajar la edad de imputabilidad no es una solución de fondo.

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No es una solución de fondo, porque no tiene una base sociológica o argumentos jurídicos relevantes, ya que los menores son juzgados por sus acciones en un sistema especial juvenil para aquellos entre 13 y 17 años. Si esta reforma se aprobara, Uruguay, de tradición internacional casi impecable, pasaría a violar algunos tratados internacionales sobre minoridad que firmó y ratificó.

Por supuesto que hay dos caras. En este caso, los representantes de la Corriente Gremial Universitaria (CGU, afín al Partido Nacional) consideraron que antes de que el Consejo de la Facultad de Derecho fijara posición sobre el tema, se deberían pedir informes a los Institutos de Derecho Penal y Derechos Humanos para informarse y que la decisión no fuera parte de una situación de politización partidaria.

Incluso la Iglesia Católica ha fijado una opinión en contra, desde el mismísimo Papa Francisco I hasta nuestro novel arzobispo Daniel Sturla, quien ha cuestionado esta medida en varias oportunidades, diciendo que da un mensaje negativo y que no soluciona los problemas.

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Declaró que su primera opinión negativa sobre el proyecto fue una cuestión de piel, tal como me pasó a mí, que si bien no conocía nada, me sonaba mal bajar la edad de imputabilidad. Al irme informando me di cuenta que ese presentimiento estaba en lo correcto y dejaba de ser una opinión light o postmoderna, como se puede acusar a Sturla y a mí.

Sturla planteaba que le generaba rechazo una medida que afecta a los jóvenes que provienen de barrios carenciados, por sus años de trabajo con jóvenes, especialmente de contexto crítico. Si bien mi experiencia en el trabajo comunitario no es comparable, me pasa lo mismo, me genera cierto rechazo una medida en contra de los menos privilegiados.

Sturla siguió analizando el mensaje del proyecto porque el arzobispo considera que toda ley tiene una función pedagógica en la sociedad y en este caso el mensaje puede ser polisémico. Puede ser una disuasión para los jóvenes o puede dar la idea de que la solución de los problemas está en la represión y no en la educación. El problema de fondo es social y educativo y las soluciones de fondo van por ese lado, establece Sturla.

El arzobispo también critica que el proyecto de ley proponga la creación de un instituto especializado para atender menores cuando existe uno con estos propósitos que se llama Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

A modo personal… Si bien el Sirpa tiene sus críticas y falencias, en vez de construir otro, ¿por qué no trabajar para mejorar lo que ya tenemos?

 “Yo creo con todo respeto, y esto es una opinión personal y no de la Iglesia, que la ley manda un mensaje negativo y no soluciona de verdad los problemas”, enfatizó.
Más allá de esto, aseguró que comprende el dolor y sufrimiento de quienes han sido víctimas de delitos protagonizados por adolescentes o de quienes han perdido familiares en mano de menores. “¡Es un dolor inmenso!”, Arzobispo Daniel Sturla

Tras este análisis de algunos sectores a favor y otros en contra veamos algunos motivos por los cuales no debemos acompañar la baja de forma más concreta:

1. El delito es un asunto básicamente de mayores. Hay más de 10 mil presos mayores de edad en las cárceles mientras que hay unos 700 menores de edad privados de libertad en el INAU.

2. Sacudiremos peligrosamente la estructura del delito. Por ejemplo, es probable que haya un ingreso mayor de adolescentes a estamentos de tráfico de drogas ya que la reforma programada no considera al narcotráfico un delito grave y seguirían siendo juzgados como menores.

3. Más burocracia.

4. Es la admisión de la derrota del Estado ante la delincuencia. Una de las funciones básicas del Estado, desde el comienzo del Estado moderno es la seguridad. Además, si no pudimos con los que estaban en el Inau, ¿es posible creer que creando un nuevo instituto haremos lo correcto? ¿Por qué no mejor cambiar lo que está mal en el instituto ya creado?

5. Si bien este tema no preocupa a mucha gente los expertos no recomiendan introducir en la Constitución cuestiones de tipo Penal. ¿Por qué? Porque si quisiéramos volver atrás que volver a juntar firmas y hacer un plebiscito para modificarlo.

6. Esto es un aumento de penas, y la historia de la violencia y el derecho en Uruguay muestran que el aumento de penas no influyó, sino todo lo contrario, en la evolución del delito.

7. Si la reforma sale, los menores detenidos no irán a las cárceles para mayores que hoy existen. Pero a la larga, así como está redactado, el nuevo instituto albergará a personas mayores de edad junto a menores.

8. Decaimiento del Estado de derecho. La democracia uruguaya será una democracia menos completa porque un sector de ciudadanos se los discrimina a la hora de atribuirle derechos y obligaciones. Tienen obligaciones penales similares a la de los mayores, pero no los mismos derechos. No pueden votar, no pueden manejar, ni siquiera irse del país sin autorización de sus padres.

Un tema para seguir reflexionando. http://www.noalabaja.com.uy

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